Migración y remesas: el impacto de la crisis

• VANGUARDIA
• Mario Luis Fuentes
• 25-Diciembre-2009

Los mexicanos son la población mayoritaria de la comunidad hispana en EU, pero el monto de las remesas ha descendido como efecto de la difícil situación económica

MÉXICO, D.F.- El pasado 18 de diciembre se celebró el Día Internacional del Migrante. Al respecto, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) ha hecho énfasis en la protección de los derechos de todos los migrantes, y en particular, de los trabajadores.

La OIT estima (en Woman and men migrant workers, 2008) que en 2005 había más de 191 millones de migrantes en todo el mundo, de los cuales cerca de 94 millones eran personas económicamente activas, por lo que podría asumirse que se trata de migrantes trabajadores.

Como se ha mostrado en múltiples documentos, la población mexicana en Estados Unidos se ha situado ya como una de las primeras minorías raciales, sólo después de los afroamericanos y es, al mismo tiempo, una de las minorías con mayores tasas de participación económica.

Sin embargo, los mexicanos forman parte también de las poblaciones con mayor incidencia de pobreza, menores coberturas de seguridad social, así como menores niveles educativos, lo que -aunado a la condición de migrantes irregulares que millones de ellos padecen- incrementa sustantivamente su vulnerabilidad fuera de México.

Por ello, en ocasión del ya mencionado Día Internacional del Migrante, se presentan a continuación los principales datos relativos al impacto que ha tenido la crisis económica en el ingreso de los mexicanos que viven en el exterior, así como la significativa reducción en el envío de remesas hacia nuestro país.

Menos ingresos

De acuerdo con el Buró del Censo de Estados Unidos, en las primeras mediciones del impacto de la crisis en el ingreso real de las familias se observa que ésta afectó en mayor grado a las poblaciones hispanas. Así, entre 2007 y 2008, el declive en los ingresos para los blancos no hispanos fue de 2.6%; para los afroamericanos la reducción fue de 2.8%; para los asiáticos fue de 4.4%, y para los hispanos, de 5.6%.

Lo anterior debe contrastarse con el año de mayores ingresos registrado en la década, que fue 2001, con respecto al cual, en 2008, hubo un decremento promedio de 4.3% en los ingresos familiares totales en aquel país.

Sin embargo, desagregado por pertenencia étnica, el declive para los blancos no hispanos fue de 2.8%; para los asiáticos, de 5.8%; 7.8% para los afroamericanos, y de 8.6% para los hispanos.

En números absolutos, las diferencias raciales son profundas cuando se miden en términos de ingresos, pues el ingreso medio obtenido anualmente por los asiáticos fue el más elevado en la medición del Buró del Censo, 2008, ingreso que llegó a 65 mil 637 dólares.

Para los blancos no hispanos el ingreso medio anual fue de 55 mil 530 dólares; el tercer sitio lo ocupan los hispanos, con un ingreso medio anual de 37 mil 913 dólares, mientras que para los afroamericanos el ingreso fue de 34 mil 218 dólares.

Debe destacarse que, de acuerdo con la información of icial, a diferencia de lo que ocurrió en otros países -como el nuestro- a pesar de la reducción en los ingresos medios de los diferentes grupos étnicos, los efectos de la recesión no se tradujeron en una mayor desigualdad, ratificándose la percepción popular de que es preferible ser pobre en Estados Unidos que en México.

Lo anterior puede dimensionarse si se considera que el decil de menos ingresos en aquella nación percibe 20 mil 712 dólares o menos, lo cual dista mucho de los ingresos del quintil más bajo del país, en el cual se perciben seis mil 116 pesos trimestrales a precios constantes de 2008, es decir, el equivalente a mil 920 dólares anuales.

Esto signif ica que el decil de menores ingresos en México percibe 10.78 veces menos ingresos que el decil de menores ingresos en el país vecino.

Pobreza al alza

Como es lógico suponerlo, la caída en los ingresos de los mexicanos que viven en Estados Unidos tuvo también un fuerte impacto en los niveles de pobreza que se registraron en aquel país.

De acuerdo con el Buró del Censo, la pobreza en ese país se situó en 13.8% de la población total.

Este dato representa un incremento de más de 12% con respecto de lo registrado en 2008.

Así, el número de pobres viviendo en la Unión Americana llegó en 2008 a 39.8 millones, cifra superior a la registrada en 2007, la cual ascendió a 37.3 millones de personas. Al desagregar los datos por grupo étnico, el impacto es distinto dependiendo del conjunto poblacional.

Para los blancos no hispanos, el número de pobres creció, entre 2007 y 2008, de 8.2% a 8.6%. Para los asiáticos la pobreza creció de 10.2% de su población a 11.8%; para los afroamericanos el porcentaje de población pobre se mantuvo sin cambios, al mantenerse en 24.7%; mientras que para los hispanos la pobreza creció de 21.5% a 23.2%, situándose ya casi en el mismo nivel de pobreza de los afroamericanos.

Ligeras mejorías
Según los datos oficiales en Estados Unidos, la población con mayor porcentaje de personas sin seguridad social es la hispana.

A pesar de que el Buró del Censo registra que el porcentaje de personas hispanas sin seguridad social decreció ligeramente entre 2007 y 2008, el porcentaje total sigue siendo muy alto.

Aun con lo anterior, mientras que el porcentaje de población hispana sin seguridad social en 2008 fue de 30.7%, para la población blanca no hispana el porcentaje fue de 10.8%; para los asiáticos fue de 17.6%, mientras que para los afroamericanos se situó en 19.1%.

Impacto

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Ingreso y Gasto en los Hogares 2008, ENIGH, en ese año en México había 5.68 millones de hogares que recibían recursos del exterior.

Destaca que 54.2% de estos hogares se sitúa en los tres primeros deciles de ingresos, es decir, los de más bajos recursos. Por esta razón, es pertinente destacar que en los últimos años, ha habido una importante caída en el monto de las remesas que llegan al país, tendencia que se agudizó precisamente como efecto de la crisis económica global y nacional.

MANAGUA (dpa) ­ La crisis alimentaria en Guatemala, el derrocamiento del presidente de Honduras Manuel Zelaya y los conflictos entre el gobierno de Nicaragua y los países donantes marcaron el año 2009 en Centroamérica, según coinciden fuentes políticas y diplomáticas.

Guatemala se vio afectada por una severa sequía que destruyó cultivos de maíz y frijol, alimentos de consumo básico, lo que provocó la muerte de 469 personas y llevó al presidente Alvaro Colom a declarar el "estado de calamidad pública" nacional en septiembre pasado.

Se estima que al menos 25 niños guatemaltecos murieron por hambre este año en el llamado "corredor seco" (norte y noreste), donde la sequía y los efectos de la crisis mundial se sumaron a los "altos y vergonzosos índices de extrema pobreza y desnutrición", según dijo Colom.

Aunque la crisis se logró paliar con el envío de ayuda humanitaria extranjera, no se descarta que pueda repetirse el año próximo, por lo cual la Coordinadora de ONGs y Cooperativas guatemaltecas planteó una reforma agraria integral como solución de fondo al problema.

Para Helmer Velásquez, director ejecutivo del organismo, hacen falta "medidas radicales y de fondo: un proceso de reforma agraria integral, que asegure a los campesinos acceso a tierra, a crédito, tecnología, mercado y semillas criollas".

Sin embargo, admitió que no será fácil aplicarlas, porque en Guatemala el 3 por ciento de los productores (terratenientes) acapara casi el 70 por ciento de la tierra productiva y deja al 97 por ciento de los campesinos con tierra insuficiente o sin tierra", y carentes de créditos y asistencia del Estado.

Esto ha provocado el conocido dato de 49 por ciento de los niños en situación de desnutrición crónica, la cual llega al 70 por ciento en el caso de población indígena", explicó Velásquez.

En Honduras, la crisis económica quedó opacada este año por un conflicto político que se inició el 28 de junio, cuando el presidente Mel" Zelaya fue sacado en pijamas de su casa por soldados y expulsado a Costa Rica, desde donde inició una larga batalla por su retorno, que aún no concluye.

Tras intentar dos veces sin éxito ingresar a Honduras, primero por aire a bordo de un avión militar venezolano y después por tierra desde la frontera norte de Nicaragua, Zelaya apareció el 21 de septiembre en la embajada brasileña en Tegucigalpa, junto a familiares y asesores.

Desde su refugio, convertido luego en encierro, acusó al gobierno de facto de torturarlo" con la presencia de militares que rodean la sede diplomática, y de condicionar su salida a la firma de una renuncia pública al cargo, lo que insiste en rechazar.

Contrario a lo que Zelaya esperaba, el Congreso hondureño sepultó sus planes de retornar al poder cuando el 2 de diciembre votó en contra de su restitución, decisión que renovó las quejas de la comunidad internacional pero no generó mayores protestas dentro de Honduras.

Pese al apoyo internacional a Zelaya, que derivó en bloqueo de ayudas y la exclusión de Honduras de organismos multilaterales como la OEA, el gobierno de facto logró imponerse sobre la ruptura del orden constitucional y aislar al depuesto mandatario dentro de su país.

Ante la nueva situación, una de las pocas salidas que parece asomar es un eventual acuerdo con el presidente electo Porfirio Lobo, vencedor de los comicios del 29 de noviembre que Zelaya y sus aliados de izquierda en América Latina rechazaron por ilegítimos".

También en Nicaragua, la sombra de unas elecciones calificadas como fraudulentas" por la oposición derivó en pugnas entre el gobierno de Daniel Ortega y la comunidad internacional, especialmente Estados Unidos y los países de Europa.

El año concluye sin que la Unión Europea (UE) destrabe un fondo de 100 millones de dólares, congelado" tras los comicios municipales de 2008, donde el tribunal electoral adjudicó al gobernante Frente Sandinista 105 de 146 alcaldías y se negó a revisar el escrutinio como lo exigía la oposición.

Y cuando la UE comenzaba a evaluar la posible reanudación de la ayuda, un grupo de magistrados judiciales proclives al gobierno emitió una insólita sentencia que autorizó la reelección de Daniel Ortega, pese a que la Constitución vigente prohíbe optar al cargo de forma continua y en más de dos ocasiones.

El sorpresivo fallo del 19 de octubre alarmó a los gobiernos europeos tradicionalmente más solidarios con Nicaragua. La Comisión Europea expresó su preocupación" y el Parlamento Europeo condenó" la decisión judicial mediante una resolución aprobada por diputados conservadores.

Lejos de tranquilizar a los donantes, Managua exhibió entonces otra perla" de su peculiar diplomacia: molesto por las críticas del eurodiputado holandés Hans van Baalen a Ortega, el vicecanciller Manuel Coronel llamó paisucho" a Holanda, ante el asombro del cuerpo diplomático.

Aunque la Cancillería pidió disculpas a Holanda, ese incidente quedará como un feo recuerdo de este gobierno", confió a dpa un embajador europeo que no pudo precisar si en 2010 se reanudarán los desembolsos de la UE.

No obstante, el retiro de esa ayuda ha sido minimizado por el gobierno nicaragüense, que se muestra reconfortado por el el apoyo incondicional" de su colega venezolano Hugo Chávez a través del suministro constante de petróleo y millonarios recursos líquidos.

La oposición ha acusado a Ortega de violentar la Constitución al no rendir cuentas ante el Parlamento sobre la cuantiosa ayuda venezolana, que según la oposición estaría siendo manejada como un negocio privado por la familia presidencial para comprar hoteles, haciendas de ganado, distribuidoras farmacéuticas y medios de comunicación.

Morales se define como "activista social". Ha escrito varios libros sobre cooperación, desarrollo y movimientos sociales en Guatemala y Centroamérica. En su reciente visita a España, con el fin de sensibilizar sobre la realidad que vive su país, ha concedido la siguiente entrevista.

  -En qué punto se halla el movimiento popular en Guatemala y cuál es, a tu juicio, el camino que debe emprender para construir una sociedad más justa?

  El movimiento social, popular, indígena, campesino, está más vivo que nunca. El nivel de organización local se fortalece y se moviliza cada vez más. Pero debemos continuar trabajando para fortalecer un proyecto político que responda a estos intereses de pueblos y de clases. La defensa del territorio, de los recursos naturales, de los servicios elementales como la educación, la salud, la cultura, el empleo, son algunas razones que conducirán y orientarán un movimiento más articulado, más coordinado. El cambio vendrá desde abajo, desde los propios pueblos y territorios.

  -¿Podrías valorar el alcance de las "Consultas Populares" como herramienta de lucha contra los abusos de las trasnacionales?

  Son, sin duda, una expresión viva de que los pueblos y las comunidades indígenas y pobres del país, están hartas de tanto saqueo, explotación, discriminación y exclusión a la cual están siendo sometidas. Las consultas son un reflejo del nivel de organización de los pueblos. Pero también son un grito de rebeldía y de aviso.

  -En Guatemala se ha impulsado la producción de agrocombustibles, la generación de energía a partir de grandes hidroeléctricas y carbón mineral o la extensión de los contratos a las petroleras. En este sentido, ¿Cuál es el resultado de las campañas de las organizaciones sociales, en demanda de la nacionalización de la energía y la expulsión de Unión Fenosa e Iberdrola de Guatemala?

  La privatización de todos los recursos que deberían estar controlados por el Estado, como la salud, la educación, comunicaciones, energía y recursos naturales está produciendo un daño enorme a la economía del país. Empresas transnacionales como Unión Fenosa, Telefónica, Iberdrola detentan un poder sin precedentes en Guatemala. En consecuencia, los servicios de energía tienen precios muy altos con relación a la calidad y eficacia de los mismos. La práctica de exploración y explotación de los recursos naturales y minerales por parte de transnacionales generan efectos perversos en el medio ambiente y en las economías locales, principalmente indígenas. Las regalías que le quedan al Estado de esta explotación son, en consecuencia, raquíticas, por lo que las nacionalizaciones contarían con un amplio respaldo social.

-El Movimiento Nacional de Derechos Humanos registra desde 2002 un promedio de 200 ataques al año contra activistas sociales, en un proceso agudizado con las movilizaciones contra el Tratado de Libre Comercio. Podemos considerar a Guatemala como un estado democrático con unas garantías mínimas?

  Guatemala está considerado como un país que no tiene Estado. Un país que esta cooptado por una reducida clase oligárquica que tiene el control de la economía y la política del país; pero también por el crimen organizado, y por esta razón no puede cumplir con sus funciones básicas. Los sistemas de justicia no funcionan.Según los datos de la o­nU, del 100% de los casos de violaciones solo el 2% llegan a resolverse jurídicamente. Es decir, existe una impunidad total. De aquí la imperiosa necesidad de refundar el Estado para que éste pueda responder a las grandes necesidades de la mayoría.

  -Además, parece que asistimos a un proceso de "remilitarización" del país. A qué causas e intereses responde este fenómeno?

  En efecto, con el pretexto de luchar contra el narcotráfico y el crimen organizado, en el país se ha revertido uno de los grandes objetivos de los acuerdos de paz: que el ejército dejará de asumir el poder político y represivo que históricamente ha desempeñado en Guatemala. Pero no hay que obviar que el ejército es una bisagra entre los grandes poderes económicos y políticos. Además, la remilitarización no es ajena a los cambios que se viven en América latina y es un aviso, como puede apreciarse con el golpe de estado en Honduras, de que estos cambios tendrán un oponente que tratará de impedirlos.

  -Otro de los asuntos que ha situado en los últimosmeses a Guatemala en la "agenda mediática" ha sido la muerte de Rodrigo Rosenberg, un abogado vinculado a los grandes grupos económicos del país, que acusaba en un vídeo al presidente Colom de ser el responsable de su asesinato. Consideras que se trata de una campaña para criminalizar al gobierno por parte de la oligarquía? Estaría detrás de esta campaña la nueva legislación que regula la tenencia de armas?

  En el caso Rosenberg están vinculados muchos intereses políticos y económicos, así como partidos y personalidades, que pretendían aumentar el nivel de inestabilidad política y desgaste al actual gobierno. Estamos convencidos, y así lo esperamos, que el informe que se presente por parte de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), identificará a responsables y autores intelectuales y materiales. Lo que sí es cierto, es que el Caso Rosenberg es uno más de una lista interminable de crímenes y asesinatos que están sin resolver y en donde los poderes económicos y políticos de siempre, sin duda, tienen responsabilidad.

  -¿Por qué razones piensas que en estos momentos desatan los medios de comunicación privados una campaña en la que asocian la corrupción y la violencia impune a la figura del presidente?

  El actual Gobierno de Álvaro Colom no tiene el reconocimiento y aceptación por la oligarquía tradicional en el país. Los medios de comunicación son propiedad de grupos de poder que están en contra de la gestión del actual gobierno. Desde aquí viene la sistemática y persistente campaña para deslegitimar cualquier acción que desde este gobierno se impulse. Sin duda, la corrupción es un mal institucionalizado de siempre en el país. De igual forma, la violencia y la inseguridad son problemas que han afrontado los últimos cuatro gobiernos en el país. Este gobierno alcanzará las cifras más alarmantes de violencia y asesinatos. El problema se acrecienta cuando los medios utilizan esta realidad para intereses políticos que van más allá de la búsqueda de justicia o que el sistema funcione adecuadamente, es decir, como parte de una campaña de la oligarquía en pro de sus intereses.

  -Estas tendencias han llegado a materializarse, incluso, en manifestaciones en la calle (las denominadas manifestaciones "de blanco" con presencia de las clases medias y altas. Podrías explicar el fenómeno?

  Son varias las causas. Se trata, en su mayoría, de gentes de clase media y que responden al llamado que hicieron los empresarios y políticos adversos al actual gobierno. Muchas de estas personas son allegados a los partidos de derecha en la oposición. Bien es cierto que debido al nivel de cansancio por la violencia e inseguridad que existe en el país, muchas personas encontraron la "causa de Rosenberg" como una oportunidad para expresar su descontento. Desgraciadamente, estos sectores (en su mayoría) fueron manipulados y al final contribuyeron sin saberlo, a querer desestabilizar el país. Paralelamente a estas manifestaciones "de blanco" se produjeron en los mismos días, concentraciones aún mayores en respaldo al gobierno para que se respetara la institucionalidad y la democracia en Guatemala. El apoyo a la oposición desciende cuando empieza a conocerse que en el caso Rosenberg hay personajes y políticos implicados no necesariamente del gobierno, sino de los partidos de la oposición.

  -Sin embargo, ¿el Gobierno de Álvaro Colom ha logrado algún avance en la aplicación de la Acuerdos de Paz de 1996, en los que, acabada la denominada guerra civil, se adquirió el compromiso de fomentar el acceso popular a la educación, a la salud, a las tierras o la lengua y cultura indígenas?

  El gobierno de Álvaro Colom no puede señalarse como un gobierno de izquierda, porque su misma composición política se lo impide. Posiblemente podría llegar a tener una orientación socialdemócrata, pero únicamente en un mínimo sector del gobierno. Lo que ha impulsado el gobierno son programas con un enfoque social, pero meramente coyunturales. Bolsas de alimentos, programas para promover educación a sectores más marginados y pobres, atención sanitaria, resarcimiento a los afectados por el conflicto armado, entre otros. Sin embargo, no ha realizado reformas estructurales que toquen, por ejemplo, la propiedad agraria ni ha implementado cambios en la fiscalidad. Tampoco ha hecho frente a la lacra de la impunidad ante el delito. La atomización del partido en el gobierno, sin fuerza suficiente para imponerse en el congreso, y los perversos intereses políticos y económicos a los que está hipotecado explican esta falta de iniciativa.

  Y ello a pesar de que Colom prometió, durante su toma de posesión como presidente (enero de 2008) una "socialdemocracia de rostro maya". No apunta, por tanto, su política en esta dirección.

  Históricamente la cuestión indígena ha sido utilizada por los partidos de derecha como un instrumento de campañas políticas. Nunca ha existido en los últimos 50 años un gobierno que realmente se comprometa con las demandas y reivindicaciones de los pueblos. El gobierno de Colom no es la excepción. Si observamos la composición del gabinete no existen Mayas al frente de ministerios. Existe sólo una apertura a representantes indígenas en puestos medios, pero en su mayoría son personas que responden a intereses más personales que de organizaciones o de los pueblos. En la actualidad, los pueblos indígenas están demandando más espacios de participación y exigiendo al gobierno que cumpla con su promesa de adquirir ese "rostro maya". Pero difícilmente habrá cambios en esta dirección.

  -Piensas que sería el gobierno de Guatemala asimilable al de Chávez, Evo Morales o Rafael Correa?

  Categóricamente no.Los gobiernos de países del sur como Bolivia, Ecuador y Venezuela, sí tienen políticas dirigidas a resolver los grandes problemas económicos, sociales, culturales, políticos y ambientales. Tienen políticas ampliamente sociales y dirigidas a que el estado sea el regulador de la economía. Sobre todo, a ir rompiendo esa brecha profunda entre los que más tienen y los que no tienen nada. Esta tendencia no se corresponde en absoluto con el actual gobierno de Guatemala.

  -¿Qué opinas del Programa de Cohesión Social, presentado por el gobierno de Guatemala como una muestra de su sensibilidad hacia la problemática de las clases populares?

  El programa de Cohesión Social es una suma de iniciativas que intenta dar respuesta, sobre todo, a los problemas de los sectores más marginados y excluidos. Son programas que tiene efectos diversos: responden a problemas inmediatos pero sin resolverlos; dan credibilidad política al gobierno, principalmente entre los sectores más populares; y le sirve al ejecutivo, de manera sutil, para formar una base clientelar. Estas iniciativas cuentan con una gran oposición política en el congreso y entre la clase oligárquica y empresarial del país. Para que se mantengan se necesitan contribuciones económicas que el Estado no tiene capacidad de recaudar, por la existencia de una legislación tributaria regresiva (lo que más ingresos tienen pagan menos). Esto hace que sean programas insostenibles.

  Por último, otra de las cuestiones por las que Guatemala ha saltado a la "agenda mediática" es la declaración del "Estado de Calamidad Pública". Esto se debe exclusivamente a la sequía, tal como apuntan los portavoces oficiales y los medios de comunicación?

  Guatemala es un país en donde la pobreza extrema, la marginación económica y la carencia de los bienes más elementales para la sobrevivencia humana siempre ha estado en más del 80% de la población. Son causas eminentemente estructurales. El Estado de Calamidad llega en el momento que los medios de comunicación se dan cuenta que en Guatemala hay pobres y hambre. Pero este arraigado mal ha persistido y persistirá mientras las causas estructurales de cómo está distribuida la riqueza, la tierra y los beneficios siga en las mismas condiciones. Lógicamente, son males que crecerán en la medida que hay otros factores que lo alimentan, como la sequía, la falta de empleo y de alimentos. Más del 50% de la niñez en el país sufren de desnutrición. Es decir, es un problema que no se resolverá con campañas mediáticas o de buenas voluntades.

Lo que está pasando en México con todo y su ola matanzas y carteles de narcotráfico es solo un juego de niños comparado con lo que ocurre en Guatemala.

En México, un país con más de 100 millones de habitantes, registran poco más de 7,000 muertes violentas hasta inicios de diciembre.

Guatemala, cuyo territorio es casi 20 veces más pequeño que México y que tiene una décima parte de su población, los asesinatos sumaron 3,286 hasta septiembre. La comparación es simplemente escandalosa.

Ante ese aterrador escenario, ¿dónde está el candidato convertido en presidente que prometió combatir, no con mano dura, sino con inteligencia, las dramáticas tasas de delincuencia y violencia.

Los meses y años del gobierno de Álvaro Colom transcurren sin pena ni gloria. La suya es una administración torpe, blandengue, atrofiada, y llena de promesas rotas.

De seguro a Colom se le olvidó por qué los guatemaltecos lo llevaron al poder y por qué estuvo a punto de perder la silla presidencial frente a un candidato que prometió combatir la inseguridad con drásticas medidas.

Al país ya se le acaba el aliento en su grito desesperado contra la rampante delincuencia organizada que tiene raptada a toda la nación.

A estos políticos de pacotilla lo único que les interesa es hacerse del poder aunque luego el mundo entero se caiga a pedazos.

Todo parecen solucionarlo con unos cuantos discursos huecos en medio de la inercia absoluta ante los ríos de sangre que cada día corren por las calles.

Lo que reina en las calles y en los hogares de Guatemala ya es pánico. La gente no quiere salir de sus casas. Pasan el día llamando por teléfono a los suyos para saber si ya salieron o llegaron al lugar adonde iban.

Esa política de combatir la delincuencia de manera "inteligente" se está cuajando de la misma vil manera que ocurrió durante las dictaduras de ingrata y fresca memoria para los guatemaltecos: con ejecuciones extrajudiciales de delincuentes, supuestamente a manos de la Policía Nacional Civil, según lo denuncias múltiples organizaciones, entre ellas Amnistía Internacional.

Es la práctica de "limpieza social" de delincuentes que tan nefastos resultados ha dado en diversos países de la región en el pasado reciente.

En Guatemala, sus ciudadanos ya no saben si encontrarse de frente con la policía es su tabla de salvación o un pasaporte directo al otro mundo. La Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala ha documentado múltiples casos de personas que han desaparecido como por arte de magia después de entrar en contacto con los agentes del orden püblico.

Estos desaparecidos misteriosamente son encontrados casi siempre tirados en un basurero con las manos atadas a la espalda, estrangulados o con varios impactos de bala.

Esperar que tales crímenes se aclaren es como esperar que llueva en el desierto: en Guatemala todavía el 98 por ciento de los asesinatos se quedan en la más absoluta impunidad.

Si es sabido que los cabecillas de estas redes delectivas operan desde la prisión a vista y paciencia de las autoridades. queda muy claro que al gobierno guatemalteco y sus cuerpos de seguridad les puede pasar un elefante por el frente sin ser detectado.

Todo este desaguisado tristemente es oro para aquellos cabezas calientes que piensan que la pena de muerte es la panacea para el problema.

Todavía Colom tiene tiempo para enderezar el timón. Que busque su brújula y encuentre las agallas que aún no enseña.

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Indígenas chiapanecos modifican su estilo de vida por migración

Con una producción por año agrícola de casi cinco mil 400 toneladas, los tradicionales romeritos están listos para ser consumidos en esta temporada de fiestas de fin de año.  Esta planta, que básicamente se recolecta y consume en México, tiene en el Distrito Federal a su principal centro de producción, con una superficie cosechada de 662 hectáreas.  La producción actual de romeritos registra una mayor rendimiento, al pasar de cuatro mil 200 a cinco mil 374 toneladas en el año agrícola de 2008; esto se explica por el crecimiento del rendimiento promedio, ubicado en 8.1 toneladas por hectárea.
En un comparativo 2000-2008, tanto la producción como la superficie prácticamente se duplicaron, aunque el comportamiento de la siembra no ha tenido una tendencia constante.  El valor aproximado de la producción de romeritos en el DF es superior a los 18 millones de pesos; Morelos es el otro estado que participa en la siembra de este cultivo.
El romerito (Suaeda torreyana) es una planta bien conocida en México, que tiene un gran consumo por ser un componente importante de algunos platillos tradicionales de Navidad y Semana Santa, lo que lo hace un cultivo vinculado a la cultura local. Para su siembra, la semilla es recolectada de plantas silvestres en, por ejemplo, las áreas cenagosas de las chinampas.
Como platillo prehispánico el romerito es típico en la cocina mexicana; para los aztecas era tesoro culinario por su valor nutritivo y la facilidad para conseguirlo ¬-antes del deshierbe de la milpa.
Los romeritos en mole con torta de camarón o revoltijo -llamado así por la mezcla de ingredientes tales como papa, nopales, almendras, nueces, cacahuate, cebolla y ajo--, son hasta ahora plato preferido para la cena de Navidad y la vigilia en Cuaresma.  La principal comunidad productora en el DF es San Andrés Mixquic, que concentra 640 hectáreas; le siguen en muy menor proporción San Nicolás Tetelco y San Juan Ixtayopan, todos en Tláhuac, y San Gregorio Atlapulco, en Xochimilco.
Hortalizas en el DF
En las siete delegaciones que conforman el Distrito Federal se cultivan 120 especies de hortalizas, que por la superficie cultivada, valor de la producción y empleos generados representan un sistema producto importante.
Los principales cultivos hortícolas son:
En Tláhuac: acelga, apio, betabel, brócoli, calabacita, chilacayote, chile verde, cilantro, col, coliflor, espinaca, haba verde, lechuga, rabanito, romeritos, tomate verde, verdolaga, y otros de menor importancia.
En Xochimilco: acelga, apio, brócoli, calabacita, chícharo, chile verde, col, coliflor, elote, espinaca, haba verde, lechuga, rabanito, romerito, verdolaga, zanahoria, entre otras de menor importancia.
En Tlalpan: calabacita, chícharo, elote, espinaca, haba verde, papa, rabanito y zanahoria.
En Milpa Alta: calabacita, coliflor, haba verde, lechuga, papa, zanahoria, y nopal verdura.
En Álvaro Obregón: calabacita y haba verde.
En Magdalena Contreras: calabacita, elote, haba verde, tomate rojo, entre otras.
En Cuajimalpa: haba verde.

Por Edgar Calderón (AFP) - 23 de diciembre de 2009

GUATEMALA - Las pandillas y el crimen organizado ganan terreno en Guatemala, donde en los dos años del gobierno del socialdemócrata Álvaro Colom, se han incrementado las extorsiones y los crímenes, pasando de 15 a 19 el promedio diario de muertes violentas.

Expertos e informes de organizaciones coinciden en que el gobierno ha perdido la ruta para disminuir la inseguridad. Incluso, el propio gobernante reconoce que ese flagelo es su principal fracaso en los dos años que lleva en el poder, aunque acusa del descalabro a sus dos antecesores.

Un informe de la Procuraduría de los Derechos Humanos afirma que de enero a octubre fueron asesinadas 5.482 personas, es decir, casi 19 personas diarias, frente a los 15 homicidios que se cometían en 2007 cuando el actual jefe de Estado ganó la presidencia para cuatro años.

Los datos espeluznantes de crímenes, que podrían colocar al 2009 como el año más violento en la historia del país, superan con creces los 4.756 asesinatos que se cometieron en el mismo período de 2008.

Otro informe, del humanitario Grupo de Apoyo Mutuo (GAM), revela que el 45% de los asesinatos que se comenten en el país podrían estar relacionados con la lucha de poder entre narcotraficantes.

El director del GAM, Mario Polanco, dijo a la AFP que el deterioro de esta nación centroamericana en ese campo va en aumento y como ejemplo citó que las muertes violentas que se comenten ahora en época de paz superan a las perpetradas durante los 36 años de guerra interna (1960-1996).

El conflicto armado dejó 200.000 muertos o desaparecidos, lo que implica que anualmente eran asesinadas o desaparecidas unas 5.555 personas, pero esa cantidad quedó atrás con los 6.000 muertos en promedio que se reportan cada 365 días en la posguerra, lamentó.

Para complicar las situación, los empresarios del transporte urbano denunciar ser víctimas de extorsiones por parte de las temidas pandillas, quienes cobran diariamente unos 20 dólares a cada una de las 5.000 unidades urbanas e interubanas que operan en la capital guatemalteca y sus alrededores.

Según estos datos, los grupos de delincuentes tienen un negocio en sus manos, pues diariamente estarían cobrando 100.000 dólares, lo que equivale a 3 millones al mes y 36 millones al año.

Además, un reporte de la Oficina de Atención Permanente del Ministerio Público (Fiscalía) reveló que en los primeros meses de este año recibió 64.696 denuncias por robos y hurtos menores relacionadas con celulares, documentos y placas de vehículos, entre otros; pero no será objeto de investigación.

La cantidad de denuncias interpuestas indican un promedio de 215 diarias.

El analista en seguridad y ex viceministro de Gobernación (Interior), Mario Mérida, asegura que al gobierno del presidente Colom ya se le terminaron las políticas para contrarrestar los altos niveles de inseguridad, cuando le faltan dos años para terminar su gestión, en enero de 2012.

Según Mérida, la cartera del Interior y la secretaría técnica de Seguridad Nacional "no encuentran la brújula para terminar de diseñar la hoja de ruta, que asegure el tránsito de los 101 puntos" acordados hace meses entre el gobierno y diferentes sectores de la sociedad.

Corte IDH condena a Guatemala por matanza de 251 personas en 1982 

Los mexicanos conocen el "terror" en Maricopa

La organización de derechos humanos Amnistía Internacional pidió este martes a las autoridades de Guatemala que investiguen las denuncias sobre ejecuciones extrajudiciales a manos de agentes de policía.

"A pesar de los reiterados informes e investigaciones de organizaciones locales e internacionales de derechos humanos, el problema de la implicación policial en ejecuciones extrajudiciales persiste", señaló la organización con sede en Londres en un informe divulgado en la capital guatemalteca.

"Las autoridades guatemaltecas deben considerar seriamente estas denuncias e investigarlas de manera efectiva y exhaustiva", agregó.

En Guatemala ocurren un promedio de 16 homicidios al día, uno de las tasas más altas de América Latina. Un 98% de esos crímenes quedan en la impunidad, según la ONU.

Los medios de comunicación y funcionarios han calificado a menudo de "limpieza social" a este tipo de homicidios, cuyas víctimas a veces son jóvenes con antecedentes criminales, dijo Amnistía.

"Las autoridades guatemaltecas no investigan estos homicidios. Amnistía Internacional les pide que cumplan con la obligación que les impone el derecho internacional de los derechos humanos de proteger el derecho a la vida y poner a disposición judicial a quienes lo violen", destacó Kerrie Howard, directora adjunta del Programa de Amnistía para América.

"Amnistía Internacional cree que hasta la fecha no se ha tomado ninguna medida seria para hacer rendir cuentas a los responsables de estas graves violaciones de derechos humanos", sostiene el documento.

Ciudadanos en red
19 de diciembre de 2009
Los indigentes: ¿población de "desecho"?

 Muchas historias y secretos rodean a los indigentes, aquellos que alguna vez tuvieron un hogar, familia o profesión; hoy, lo único que tienen son las calles que se han convertido en sus hogares; estas personas olvidadas por la sociedad, suelen ser objeto de burlas, agresiones y marginación.

La mayoría de estos individuos tienen serios problemas de salud a causa de enfermedades crónico-degenerativas: diabetes, hipertensión, así como drogadicción y alcoholismo. La falta de alimento, la nula higiene y las altas o bajas temperaturas ambientales a las que se ven expuestos agravan su situación.

Los indigentes son individuos que perdieron trabajo, familia y dignidad; algunos de ellos por las adicciones, otros por desintegración familiar. Al no contar con un hogar, es común encontrarlos en parques, debajo de los puentes, en inmuebles abandonados o en la vía pública. Muchos de ellos, se niegan a recibir ayuda de albergues o instituciones ya que prefieren ser libres y no tener que acatar reglas de ningún tipo.

Deambulan de un lugar a otro, improvisan casas con cartón, hule o lo que tengan a su alcance; se alimentan de las sobras que recogen del suelo, de la basura o cuando una alma caritativa les obsequia "un taco", el cual, disfrutan como si comieran un delicioso manjar; su calidad de vida es deplorable y su futuro incierto.

Grave problema social

Las personas que viven en las calles del Distrito Federal se han convertido en "poblaciones de desecho" que, ante la ausencia de una política social que vele por sus derechos humanos, son retiradas de las calles "para que dejen de estorbar", denunció el presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), Luis González Placencia.

Durante la conferencia de prensa en la que 38 organizaciones defensoras de los derechos humanos dieron a conocer su postura en torno a la situación de la población callejera, el ombudsman capitalino se pronunció por que se detenga la "limpieza social" que realizan autoridades de la ciudad contra este sector.

Además, consideró necesaria una regulación e intervención por parte del Estado en "centros de rehabilitación" como el hospital Santo Tomás Los Elegidos de Dios, donde no se vigilan las condiciones en las que operan y se realizan prácticas vejatorias que ponen en riesgo la vida de las personas ahí recluidas.

De hecho, advirtió que aparte de las muertes derivadas de enfermedades o por los problemas propios de las adicciones de los internos, se han registrado decesos en los llamados anexos, que tienen que ver con prácticas de tortura como método de rehabilitación.

González Placencia criticó además los programas de las autoridades del Distrito Federal dedicados a las personas en situación de calle, pues sólo son de asistencia y no atacan de fondo el complejo problema que deriva de este sector.

Además, cuestionó que la policía capitalina justificara su intervención contra las poblaciones callejeras del DF en tres artículos de la Ley de Cultura Cívica, pues los elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal deben actuar en función del respeto a los derechos humanos de los ciudadanos.

Por su parte, Juan Martín Pérez, presidente de la asociación civil El Caracol, acusó que "desconocidos" han atacado a las poblaciones callejeras a partir de que se revelaron los actos de "limpieza social" que autoridades realizan en la capital del país.

Agregó que el caso de Los Elegidos de Dios, centro de donde se rescataron 105 personas, debe servir para que el gobierno local identifique a las autoridades que actuaron de manera inapropiada y para que "reconozca que estas poblaciones callejeras ya no pueden ser atendidas con pequeñas acciones, pues no podemos pensar en una ciudad democrática cuando se violentan sus derechos".

Fuente: La Jornada.

"El muro ha causado más muertos"

Policía guatemalteca viola derechos de migrantes centroamericanos

Agentes de migración y de Policía de Guatemala violan los derechos de los indocumentados centroamericanos que pasan por el país intentando llegar a Estados Unidos, según informe de una ONG local difundido el viernes.

"Extorsiones, cobros indebidos y engaños forman parte de los flagelos que padecen los migrantes de Nicaragua, Honduras y El Salvador que pasan por territorio guatemalteco", afirmó a la AFP Ubaldo Villatoro, secretario ejecutivo de la Mesa Nacional para las Migraciones de Guatemala (Menamig).

Villatoro hizo estas declaraciones en el marco de la presentación de un informe sobre la situación del respeto a los derechos de los migrantes en suelo guatemalteco.

De las denuncias sobre abusos recibidas en la Casa del Migrante en Tecún Umán (fronterizo con México), un "85% son atribuidas a policías y el restante 15% a delegados de Migración", señaló el defensor de los Derechos Humanos.

A Guatemala llegan no sólo migrantes indocumentados del Istmo, sino de Perú y Ecuador, dijo por su parte Erick Maldonado, secretario ejecutivo del estatal Consejo Nacional de Atención al Migrante de Guatemala (Conamigua).

Después de Costa Rica, Guatemala puede ser el segundo país de la región con mayor población migrante con unos 250.000, según Villatoro.